Los querellantes, según el texto en poder de ABC, son la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (un proyecto de la Fundación Nacional Cubano Americana) y, a título particular, doce ciudadanos víctimas ellos mismos o familiares de víctimas del régimen de Fidel Castro. Entre ellos, la poetisa María Elena Cruz Varela; el presidente de la FNCA, Francisco "Pepe" Hernández; Caridad Roque, hija de española, o Sergio Perodín, uno de los supervivientes del hundimiento del remolcador "13 de marzo".

 A lo largo del proceso pueden adherirse nuevos denunciantes. Según la Fundación, "hemos dejado 300 casos documentados y pensamos llegar a 8.000 en las próximas semanas, a medida que lleguen los poderes de los familiares; (la Fundación estima en 18.000 las víctimas directas del régimen).

Los hechos que establece la querella hablan del "sistema totalitario y represor de los derechos fundamentales y libertades públicas" creado con la llegada al poder de Fidel Castro, y de la implantación del "terror revolucionario". Igualmente, destaca que "el presidio cubano ha sido único, debido a su magnitud, a su extensión así como a su crueldad", y hace una descripción de las condiciones de las más "conocidas" cárceles cubanas. Según Amnistía Internacional, en 1997 había en la isla entre 980 y 2.500 presos políticos. "Desde 1959, más de 500.000 cubanos han pasado por los campos y centros de represión", añade la querella.

En cuanto a los fusilamientos, se estima que entre 15.000 y 17.000 cubanos fueron fusilados, y se facilita al juez una relación documentada. También se relatan y documentan toda suerte de torturas psíquicas y físicas y persecuciones.

Según la querella, lo relatado "atenta contra los artículos 2,, 4, 5, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, los artículos 6, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 ratificado por España en 1977, contra todo el articulado de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio de 1948, firmado por España y Cuba, contra la Convención sobre la Tortura acordada el 10 de diciembre de 1984, firmado por España y Cuba".

La querella resalta que "la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está" legitimada para conocer y enjuiciar los hechos relatados, en virtud de lo recogido en los artículos 23.4 g, 23.5 y 65.1 e, de la Ley Orgánica del poder Judicial, criterio que ha sido ratificado recientemente por la decisión unánime de los magistrados de la mencionada Audiencia ante la cuestión planteada en el ya famoso caso Pinochet;. También recurre al "auto de 4 de noviembre de 1998 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se declara competente en el caso de las dictaduras argentina y chilena," para los delitos de genocidio, terrorismo y tortura.

En cuanto a los fundamentos de Derecho para la querella contra "Fidel Castro y las demás personas que aparecieran implicadas en este proceso", los abogados estiman que "el artículo IV de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio establece que "las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enmarcados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares." Igualmente, se basa en los artículos 6 y 7 del Tribunal de Nürenberg al decir que "la condición de oficial de un acusado, de jefe de Estado, de jefe de Gobierno o de alto funcionario no le concede inmunidad."

Por todo lo anterior, los letrados piden al juez el interrogatorio de los acusados, que se tomen testimonios a 69 víctimas y que se solicite, vía Comisión Rogatoria Internacional, documentación sobre estos hechos a la CIA, al FBI, al Departamento de Estado Norteamericano y al de Justicia, y a otros organismos como Amnistía Internacional o al relator de la ONU para Cuba.

Por último, suplica al juez que solicite "órdenes internacionales de detención", a través de la Interpol, "para que proceda a la detención de los presuntos responsables en cualquier país en que se encuentren para su puesta a disposición de las autoridades judiciales españolas, requiriéndose igualmente para que en el momento oportuno se solicite su extradición y entrega a España."