Hasta ahora la comunidad internacional había interpretado los pequeños espacios logrados desde antes y, sobre todo, después de la visita de Juan Pablo II, como señales de una lenta voluntad de apertura por parte del gobierno cubano. Se han equivocado. Los pequeños espacios no han sido ``concedidos'' desde arriba, sino ``arrebatados'' desde abajo. Son producto de la presión social y del valor de una minoría --disidentes, periodistas independientes, intelectuales-- dispuesta a pagar un alto precio por recuperar el espacio civil. La galopante represión es producto de la desesperación agónica de un régimen que trata de recuperar los espacios perdidos.
Si hasta ahora no hemos visto una mayor dinámica interna se debe a que el factor internacional --me refiero al mundo democrático-- no ha sido favorable a los opositores. Cuba no les interesa por sí misma a Estados Unidos, Europa o América Latina. La política americana hacia Cuba está condicionada no tanto por los intereses del estado como por la presión local de un exilio que ha aprendido más a hacer política dentro de Estados Unidos y hacer valer sus intereses como grupo minoritario e influyente que a analizar la situación cubana desde una perspectiva política global. A su vez, la política europea y latinoamericana está más orientada a desmarcarse y contradecir a Estados Unidos que a propiciar una solución democrática para los cubanos.
Ambas políticas, la americana y la latinoamericana y europea, han fracasado. El aumento de la represión y el cierre de espacios económicos antes abiertos a la población de la isla lo demuestran.
Los únicos que no han fracasado es la exangüe oposición interna y el movimiento tendiente a recuperar espacios civiles. La oposición es tan minoritaria y débil como enorme es el descontento de la ciudadanía hacia el gobierno. No obstante, el gobierno la reprime como si se tratara de un movimiento opositor e insurrecto de grandes dimensiones. El precio del triunfo, claro está, es muy caro.
Es necesario crear un sistema de criterios a nivel internacional acerca de cómo lidiar con el régimen castrista. No creo que a finales de siglo se pueda permitir pasivamente que un gobierno juzgue a sus ciudadanos por emitir opiniones sobre la situación del país o porque deseen ejercer el periodismo sin la tutela del estado; o que un ciudadano sea considerado delincuente por tener un negocio. Es demasiado. De quién esté o no en el poder es un problema de los ciudadanos del país, pero de que estos ciudadanos no puedan expresarse y carezcan de los derechos fundamentales es algo que, a finales de siglo, trasciende las fronteras nacionales.
El gobierno norteamericano debiera dar más pasos en la misma
dirección de las recientes medidas adoptadas respecto a Cuba;
cuando Castro aprieta lo inteligente es aflojar aún más en
lo que pueda beneficiar más al pueblo que al gobierno; y a la vez
echarse a un lado para que otros países lideren la
confrontación internacional con el régimen cubano. La
razón es sencilla: cuando los estados totalitarios no se abren
lentamente --como ocurrió en Hungría y en Polonia-- al final
estallan como Bosnia o Chechenia. En ese momento a los norteamericanos no
le quedará otra opción que la intervención para
evitar la avalancha que se lanzará sobre sus costas o el mar de
sangre que provocará el estallido. Los americanos, que no saben
cómo salir de Puerto Rico, corren el riesgo futuro de intervenir
Cuba en contra de su voluntad. Mientras más Cuba se deteriore se
estará más cerca del estallido con, o después de, la
desaparición de Castro. La comunidad internacional y Estados Unidos
deben trabajar desde ahora para evitar esto. Castro trabaja en la
dirección contraria.
Copyright 1999 El Nuevo Herald