N. Hernandez
Viramontes
Medina
Guerrero
Santos
Campa
Gonzalez
L. Hernandez
Silverio
Alonso
Según el informe presentado ante el juez Barry L. Garber por el agente especial del FBI, Raúl Fernández, la mayoría de los acusados son oficiales de los servicios de inteligencia del gobierno de Cuba, quienes residían en Estados Unidos con identidades falsas y controlaban a otros agentes reclutados para labores de espionaje, infiltración en organizaciones del exilio, así como la manipulación de medios de prensa, organizaciones políticas y la opinión pública.
Los acusados enfrentan cargos de ``conspiración y fraude contra el gobierno'', violación de la ley que obliga al registro de ``agentes de un país enemigo'', y el más grave de todos, que puede llevar a cadena perpetua sin derecho a libertad bajo palabra, ``envío de informaciones relacionadas con asuntos de defensa a un gobierno extranjero'', o sea, espionaje.
En la primera audiencia del caso, el juez Garber decidió nombrar abogados de oficio para por lo menos ocho de los acusados, que argumentaron no tener medios para defenderse. Solamente Nilo y Linda Hernández nombraron a su propio defensor, Rick Díaz.
El caso, que recibió el número 98-3493 , y cuya acta de acusación consta de 27 páginas, divididas en 49 capítulos, marca un hito en la solapada guerra de inteligencia que durante cuatro décadas han sostenido los dos países.
``Esta red de espías fue enviada por el gobierno cubano para golpear el corazón mismo de nuestro sistema de seguridad nacional y nuestro proceso democrático'', comentó el fiscal federal, Thomas Scott.
La fiscalía, representada por los primeros asistentes del fiscal federal en la Florida, Guy Luis y Caroline Heckmiller, también solicitó al juez que no les concediera la libertad bajo fianza, pero Garber marcó varias audiencias separadas para la semana entrante, para decidir al respecto.
``Señoría, creemos que hay razones fundamentadas para negarles la fianza a todos, porque pueden escapar del país'', dijo Heckmiller.
Los acusados, ocho hombres y dos mujeres, comparecieron esposados en la corte poco después de las 2:30 p.m., en medio de un enjambre de periodistas y familiares, que tuvieron dificultad en acomodarse en la angosta sala de audiencias.
Entre el público se encontraban conocidos activistas del exilio cubano, como Silvia Oriondo, de la organización Mar, y José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate.
La vista duró cerca de media hora, y los acusados se presentaron vestidos de camisa azul clara de manga corta, pantalón azul oscuro, medias verdes y chancletas carmelitas. Se mantuvieron callados todo el tiempo, de semblante serio, y respondieron lentamente a las preguntas del juez a medida que se identificaban e informaban de sus direcciones, cuentas bancarias y profesiones.
A la salida, los abogados se negaron a comentar el caso argumentando la necesidad de estudiarlo. Sin embargo, Díaz dijo a la prensa estar bajo la impresión de que la fiscalía no ha aportado todos los datos de este caso.
``No lo puedo asegurar, pero por la forma en que está presentada la acusación, el FBI debe disponer de un informante confidencial en este caso'', dijo el letrado de los esposos Hernández.
En el acta de acusación, aparecen otros dos nombres, Ricardo Villareal, alias, Horacio y Remijio Lunas, alias Marcellino, pero se aclara únicamente que no fueron atrapados, por encontrarse fuera de Estados Unidos al momento de los arrestos.
Más tarde, en una conferencia de prensa en la sede de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Miami, su director Héctor Pesquera se negó a comentar al respecto.
``Esta es la mayor operación de este tipo que hemos realizado en el sur de la Florida. Normalmente se atrapa un oficial enemigo, en este caso atrapamos a tres y a siete de sus agentes. La inteligencia cubana debe estar corriendo'', dijo Pesquera.
Según el funcionario, las investigaciones empezaron en 1994, envolvieron un número ``importante'' de oficiales del FBI, que no aclaró, y los arrestos fueron informados temprano el sábado por la mañana a los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Diaz-Balart.
Entre las evidencias presentadas por el FBI a la prensa, se encuentran tres computadoras de tipo laptop, radios receptores portátiles de onda corta, transmisores y scaners de onda corta, así como varias antenas, tanto de uso interior como exterior, y de automóvil.
La documentación incluye también varias aplicaciones de trabajo en dependencias relacionadas con el sistema de defensa del país, así como un certificado de defunción de un niño que falleció en California en 1969 apenas con cinco días de nacido, y que supuestamente estaba listo para ser utilizado como cobertura de identidad para un futuro agente, explicó un oficial del FBI.
A todo esto, se adjuntan decenas de diskettes de computadoras donde el FBI encontró los registros de contacto con los servicios de inteligencia cubanos, copias de órdenes recibidas del ``centro principal'', supuestamente en Cuba, recibos y constancias de pagos a agentes y gastos operacionales, así como copias de órdenes y instrucciones recibidas por la red de espías.
``La evidencia es tan abrumadora'', añadió Scott, que ``no hemos podido desplegarla toda aquí esta tarde''.
Mientras tanto, en La Habana, el vocero de la cancillería cubana, Alejando González, instado a comentar los arrestos, no profundizó mucho en el tema y se limitó a confirmar haber tomado conocimiento del caso.
``Sólo conocemos lo que se ha informado a través de los cables de prensa. Este es un asunto en el que las que están envueltas son las autoridades norteamericanas, y no es responsable pronunciarnos sobre un tema que desconocemos'', dijo González.
En el informe distribuido a la prensa por el FBI, se consigna que ``el grupo a través de sus agentes principales, u oficiales ilegales, se comunicaba directamente con el gobierno de Cuba acerca de sus actividades, recibía misiones específicas y asignaciones del gobierno cubano''.
Los acusados fueron identificados como, Manuel Viramontes, que aparentemente actuaba como jefe de la red, Luis Medina, René González-Sehweret, Antonio Guerrero, Ruben Campa, Alejandro Alonso, los esposos Nilo y Linda Hernández, Joseph Santos y Amarilys Silverio. Todos fueron arrestados en sus respectivos domicilios en un operativo llevado a cabo por el FBI en la madrugada del sábado 12 de septiembre.
``Desde 1995 el FBI ha vigilado y observado directamente los movimientos, comunicaciones y residencias de uno o más de los individuos nombrados aquí'', precisó el informe.
La acusación del FBI sobre esta supuesta red de espionaje organizada por el gobierno de Cuba, contra objetivos militares y políticos en Estados Unidos, se produce en momentos en que la misma institución ha encausado a un grupo de exiliados cubanos en Puerto Rico bajo cargos de conspirar para atentar contra la vida del gobernante cubano Fidel Castro.
De acuerdo con las investigaciones del FBI los dirigentes del grupo, al momento de su arresto, el 12 de septiembre de 1998, eran Viramontes, alias Giro o Giraldo; Campa, alias Vicky, y Luis Medina, alias Allan.
Viramontes dirigía fundamentalmente toda la operación y supervisaba la infiltración de otros agentes en grupos exiliados en Miami; Medina, tenía bajo su responsabilidad penetrar e informar sobre las instalaciones militares en el Sur de la Florida, incluyendo el Comando Sur y la Base Naval Aérea de Boca Chica en Cayo Hueso.
La acusación compromete a los detenidos como ``agentes de un gobierno extranjero'', quienes ``operaron dentro de Estados Unidos sujetos a la dirección o control de un gobierno u oficial extranjero''.
``El grupo, a través de sus agentes principales, u oficiales ilegales, se comunicaba directamente con el gobierno de Cuba, acerca de sus actividades, recibía misiones específicas y asignaciones del gobierno cubano'', indicó el informe.
Según el FBI, siguiendo instrucciones del gobierno de Cuba el grupo recabó informes de inteligencia relacionados, entre otras cosas, con actividades humanitarias y de política doméstica de organizaciones anticastristas en el condado Miami-Dade; la operación de instalaciones militares de Estados Unidos y otras funcionaes del gobierno federal.
``Los miembros del grupo recibían apoyo financiero del gobierno cubano'', subrayó el informe.
Viramontes, descrito en el informe con rango de capitán en el aparato militar cubano, reside en Estados Unidos desde 1992, y su nombre es supuestamente falso.
Según el FBI, Viramontes como dirigente principal del grupo, tiene órdenes específicas, de negar bajo cualquier circunstancia ``ser parte o estar relacionado con la inteligencia cubana o cualquier otra organización cubana''.
Medina está identificado en el informe como ``un oficial de rango desconocido dentro de la Dirección de Inteligencia'' cubana. Desde principios de 1992 trabajó en la zona de Tampa recolectando información sobre las operaciones de la Base McDill de la Fuerza Aérea.
Sin embargo, según el informe, en 1996 fue transferido a Miami ``específicamente para dirigir los esfuerzos de infiltrar el cuartel general del Comando Sur de Estados Unidos'', trasladado desde Panamá a esta ciudad.
Copyright © 1998 El Nuevo Herald