Published Thursday, March 11, 1999, in the Miami Herald

LIBERADO/ El doctor Elías Biscet, de 38 años quien sería juzgado por escándalo

Biscet, presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos, fue arrestado junto a la activista de esa organización Migdalia Rosado Hernández el pasado 22 de febrero, y estaban acusados de ``desorden público con agravantes'' en la Causa 263/99.

Familiares de ambos disidentes habían informado a la prensa independiente que el juicio tendría lugar a las 10:30 a.m. del miércoles en el tribunal municipal Diez de Octubre, pero ambos fueron liberados la noche antes.

Biscet dijo a El Nuevo Herald, que estuvo todo el tiempo encerrado en la sede de la policía criminal de 100 y Aldabó, pero poco antes de ser liberado lo trasladaron a una casa de la Seguridad del Estado en las afueras de la capital.

``Me dijeron que el juicio quedaría pendiente y se celebraría o no, de acuerdo a mi comportamiento. Yo contesté que continuaré con mi lucha hasta el final'', subrayó Biscet.

CAMPAÑA/ Las autoridades locales de Villaclara iniciaron esta semana una campaña para eliminar definitivamente las antenas VHF que usan los ciudadanos para captar señales extranjeras de televisión.

El periódico provincial Vanguardia anunció que los infractores recibirán multas superiores a los $1,000 y el decomiso de los medios. La ley 157 de febrero de 1995 establece `
`la prohibición a personas o entidades nacionales de recepción de señales de la televisión foránea''. Vanguardia explicó que estas nuevas medidas no obedecen a un capricho, sino ``a la necesidad de defender la soberanía patria ante las agresiones del enemigo''.

Junto a Santa Clara, la capital provincial, los municipios de Ranchuelo y Sagua la Grande, son las zonas donde más antenas tiene la ciudadanía villaclareña. Hasta el momento se han impuesto multas a 17 personas y advertencias a otras 2,000.

``La etapa persuasiva ha pasado y en lo adelante se llevará a cabo una labor de enfrentamiento'', subrayó el semanario.

JUSTIFICACION/ La Habana defendió el miércoles su enérgica nueva ley, cuyo objetivo es sancionar a los opositores que fomenten internamente la política de Estados Unidos contra Cuba, como una legítima respuesta a una ``agresión'' de décadas por parte de Washington.

Ricardo Alarcón, quien preside la Asamblea Nacional, envió una carta a parlamentarios alrededor del mundo explicándoles el propósito de la ley que, según dijo, ha sido equivocadamente representada por los medios extranjeros.

``Tenemos el deber de protegernos y proteger a otros de esa agresión que en cuatro décadas no ha cesado y de preservar nuestra independencia y soberanía'', escribió Alarcón. La carta, fechada 9 de marzo, fue divulgada por Alarcón, quien dijo que está circulando en los parlamentos del mundo.

A La Habana parece molestarle lo que percibe como el énfasis en el extranjero sobre la drasticidad de las sanciones de la ley en contra de los opositores internos, más que en su enunciado propósito de responder a medidas hostiles estadounidenses, tales como la ley Helms-Burton.