El Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH) denunció en Miami que el régimen de Fidel Castro no ha procesado judicialmente a los culpables del hundimiento en 1994 del remolcador 13 de marzo, a pocas millas de La Habana.

Ricardo Bofill, presidente del CCPDH, manifestó en un comunicado que la ausencia de proceso judicial mostraba al mundo la complicidad y la premeditación del gobierno cubano en el hecho.

``Es una evidencia clara de la maniobra para sepultar el caso por parte de las autoridades cubanas y extender así un manto de impunidad sobre los culpables'', señaló Bofill.

El remolcador 13 de marzo zarpó del puerto de La Habana en la madrugada del 13 de julio de 1994 con 72 personas a bordo que huían de la escazes y la represión en la isla. A unas pocas millas de la costa, patrulleras paramilitares embistieron y hundieron la embarcación, provocando la muerte de 41 personas, entre ellos 20 niños.

Bofill informó que investigaciones de grupos no gubernamentales basadas en los testimoniosde sobrevivientes han asegurado que ``esas muertes se originaron como resultado de la embestida de que fue objeto el remolcador''.
Presos políticos son
1,500, dice legislador

El representante republicano por Florida, Lincoln Díaz-Balart aseguró que en sus oficinas de Washington y Miami, posee una lista de más de 1,500 presos políticos en Cuba, a diferencia de un informe del presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez Santa Cruz, que sitúa el número en 381.

``Ese informe es obviamente defectuoso'', señaló un comunicado de prensa de Díaz-Balart. ``Tengo en mi posesión una lista que, aunque incompleta, incluye los nombres de más de 1,500 presos políticos en Cuba''.

Sánchez aseguró desde La Habana que hace dos años habían más de 1,000 presos políticos, pero que el número había disminuido a 500 en los comienzos de 1998, y que tras la visita del Papa Juan Pablo II a la isla, más de un centenar fueron liberados.

Sin embargo, el congresista cubanoamericano sostuvo que en su lista figuran los nombres de más de 1,500 presos políticos y las prisiones donde están confinados. También la duración de las condenas, las figuras jurídicas utilizadas en su contra y las organizaciones no gubernamentales que brindaron la información.

``Invito a todos los interesados a que revisen la lista en mi posesión, y que no acepten ciegamente la cifra radicalmente reducida presentada por el CCDHRC'', conluyó Díaz-Balart.