Con el apoyo de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, los miembros de la asociación expusieron sus casos o el de sus familiares, condenados en Cuba a largas penas de cárcel por delitos de opinión, o llevados ante los paredones de fusilamiento.

Los participantes en la conferencia de prensa resaltaron las dificultades legales de enjuiciar a un presidente en ejercicio, trátese de Fidel Castro, quien dentro de tres semanas cumplirá cuarenta años en el poder, o de Laurent Desiré Kabila, de la República Democrática del Congo, aunque expresaron su esperanza de que el procedimiento iniciado a Pinochet permita crear un precedente jurídico.

Bruce Lalonde, del partido francés Generación Ecología, subrayó que la decisión de Straw y del juez español Baltasar Garzón debe abrir la vía al proceso de Fidel Castro, resaltando que la reputación del mismo como ``dictador bueno'' es ya una cosa del pasado.

Lalonde preconizó que todos los dictadores, ya sean de derecha o izquierda, sean juzgados por los delitos que escapan a las funciones de un jefe de estado, como torturas y asesinatos, y que esos delitos carecen de prescripción, lo que también fue planteado por el abogado Serge Lewisch.

Lewisch representa a Pierre Golendorf, ciudadano francés que estuvo encarcelado 38 meses en Cuba, acusado de querer escribir un libro contra Fidel Castro.

Golendorf, quien había ido a Cuba como cooperante, presentará en esta semana una demanda de enjuiciamiento contra Castro ante un tribunal francés, en la que resaltará no sólo lo que le sucedió, sino otros casos de los que fue testigo durante su encarcelamiento, en especial la muerte de Pedro Luis Boitell.