Creo que el movimiento de periodismo alternativo que se ha desarrollado
en los últimos años en Cuba está encaminado no a
excluir de la escena nacional la visión que ofrecen los medios
oficiales de prensa sino a encarar el curso de la vida cubana desde otros
ángulos, que hagan salir a flote el fenómeno íntegro.
Los recursos, las alternativas y los destinos de las informaciones y
comentarios de estos comunicadores no están dirigidos ni orientados
por su vocación política. Están encausados por la
despiadada represión policial, por la persecución permanente
que sufrieron --sufrimos-- desde el momento mismo en que iniciamos esta
labor.
Lo que ha hecho ilegal al periodismo independiente es la intolerancia
de las autoridades que sistemáticamente niegan la licencia que debe
otorgar el Ministerio de Justicia, según la Constitución
aprobada en 1976.
Quienes han tratado de convertirnos en un grupo al servicio de
intereses extranjeros son los funcionarios oficiales con sus conceptos
ciegos y la soberbia que les impide aceptar que en este país --que
miran como una propiedad privada-- alguien pueda expresar respetuosa y
profesionalmente su opinión o dar a conocer zonas borrascosas y
sombrías.
Publicar en Cuba un suelto mimeografiado puede llevar a la
cárcel a su autor. No se ha cedido nunca ni un minuto en una
emisora municipal ni una pulgada en la prensa plana. El periodismo
independiente, para escucharse y difundirse, tiene entonces que recurrir a
un territorio extranjero que esa misma intolerancia, esa represión,
y esa posición cerrada ha convertido en una parte si no
geográfica sí sentimental de la nación cubana: el sur
de la Florida.
La recepción de ayuda y donaciones de todas partes del mundo no
es un don de los periodistas. Fue una iniciativa y es práctica de
los organismos del estado. Las leyes norteamericanas de las que la
legislación de la Asamblea Nacional del Poder Popular pretende
hacernos hijos bastardos han sido examinadas críticamente por
muchos de los periodistas independientes en artículos publicados en
medios internacionales.
Pero, además, la opinión pública debe ya comenzar
a entender que el diferendo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos,
los conflictos del embargo se usan para justificar medidas contra quienes
dentro de Cuba quieren expresar sus ideas, reorganizar una sociedad civil,
dar a conocer su pensamiento político o decir lo que pasa.
Comprendo a los colegas que en los últimos días, desde
las páginas de la prensa oficial, nos han atacado con odio y
saña. Comprendo a los diputados que ante las cámaras de
televisión pidieron para nosotros hasta la pena de muerte. Yo
sí comprendo.
Si en Cuba existiera el derecho de réplica pueden estar seguros
que no utilizaría mi espacio para atacarlos y defenderme de los
insultos brutales que nos han dedicado. Más bien escribiría
sobre el derecho que tienen ellos a expresarse hasta con ese odio. Y es
que el periodismo es un patrimonio de todos los hombres de la tierra y el
derecho a opinar una maravilla que nos distingue de los bueyes y los
corderos. Aunque unos lo ejerzan en concubinato con el poder y otros en la
vecindad del murmullo de los cerrojos.
El periodismo es de todos
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