``La sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del tribunal Supremo Popular acuerda: declarar no haber lugar a la solicitud formulada'', se indicó en una comunicación de esa instancia a los solicitantes.

Vladimiro Roca, Félix Bonne, Marta Beatriz Roque y René Gómez Manzano, miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna (ilegal), fueron detenidos tras emitir el documento La Patria es de todos, contestatario de las tésis preparatorias del V Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba.

En una carta dirigida a los jueces del Tribunal Supremo, los familiares indicaron que están obligados a la petición del habeas corpus ``desestimadas de una forma o de otra las solicitudes de cambio de medida, presentadas por los abogados defensores y por los familiares''.

Indicaron que también estaban compulsados por ``imcumplimientos'' de lo establecido en leyes, disposiciones e instrucciones existentes al respecto.

En el documento de respuesta, el Tribunal aclara que el recurso es improcedente ``en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa de delito''.

Relativo al largo tiempo de detención sin juicio, indicó que ``todas las diligencias, tanto del órgano de instrucción como las del fiscal, están legalmente fundamentadas, ya sea en la concesión de nuevos términos o prórrogas, que se suceden durante la Fase Preparatoria, así como en el Auto de Apertura a Juicio Oral''.

El pasado 8 de octubre, el vocero de la cancillería Alejandro González dijo el proceso contra los cuatro disidentes comenzará próximamente, pues ``hay elementos suficientes para probar la comisión de delito''.

Añadió que ``serán juzgados por el tribunal provincial de ciudad de La Habana con todas las garantías que establece la ley procesal cubana'', y aclaró que ``no se ha fijado aún la fecha del juicio, pero entiendo que será próximamente''.

Según los abogados defensores, el grupo es acusado por la justicia cubana de haber cometido ``actos contra la seguridad del Estado en relación con un delito de sedición''.

La justicia ha solicitado una pena de seis años de cárcel contra Vladimiro Roca y de cinco años para cada uno de los tres restantes acusados.